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Informe Anual de El Observatorio 2006
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El 7 de octubre de 2006, la Sra. Anna Politkovskaya, periodista del diario Novaya Gazetta, militante infatigable de derechos humanos, fue asesinada en su domicilio en Moscú, en la Federación de Rusia. Su delito: haber divulgado pública e incansablemente la suerte reservada a los más oprimidos, especialmente a las víctimas de la guerra en Chechenia y a las madres de los soldados.
Soy solamente un ser humano entre muchos […]. Yo vivo en el presente y tomo nota de lo que veo.
Anna Politkovskaya
Aunque este asesinato sacudió a la opinión pública internacional, el
año 2006 también estuvo marcado por otros asesinatos trágicos de
defensores anónimos. Así, el 26 de junio de 2006, el Sr. Wilfredo
Cornea, dirigente de una asociación de defensa de los derechos de los
campesinos en Filipinas, fue asesinado por dos desconocidos en su
casa de la hacienda de Mulawin; el 28 de abril de 2006, el cuerpo del
Sr. Thabet Hussein Ali, dirigente de un sindicato del sector de la
salud, en Bagdad, Irak, fue encontrado sin vida, luego de ser acribillado
a balazos, y con señales de tortura; el 13 de septiembre de 2006 el
Sr. Gregorio Izquierdo Meléndez, uno de los dirigentes del Comité
Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia,
fue asesinado en la región de Arauca; desde el 1 de diciembre de 2006,
el Sr. Thares Sodsri, defensor del derecho al medio ambiente en la provincia
de Rachaburi, en Tailandia, está desparecido; se teme que haya
sido asesinado.
Estos dramas constituyen sólo una ínfima parte de los casos censados
por el Observatorio, que describe la suerte de 1.311 defensores
afectados en 2006 por actos de represión en cerca de 90 países2.
Cuando su compromiso con la defensa de los derechos humanos no
se paga con la propia vida, los defensores ponen en peligro su integridad
física, psicológica, o aun su libertad. Amenazas de muerte, actos
de tortura y malos tratos, arrestos y detenciones arbitrarias, campañas
de difamación, también constituyen el destino cotidiano para decenas
de hombres y mujeres comprometidos con la defensa de derechos
humanos y de las libertades fundamentales.
¿Quiénes son los responsables?
Los Estados, que deberían ser los primeros en proteger a los defensores,
son a menudo quienes están en el origen de la represión contra
ellos. Así es el caso cuando los actos de represión son cometidos por
miembros de los servicios de información, de la policía o del ejército,
cuando la falta de independencia del poder judicial es tal que el Estado
encarna una voluntad deliberada de sancionar toda voz disidente, o
cuando ciertas leyes que buscan restringir la libertad de acción de los
defensores son introducidas en violación flagrante del derecho internacional
de los derechos humanos. Igualmente, cuando, utilizando la
exacerbación del sentimiento nacional, las autoridades asimilan a los
defensores como terroristas, extremistas o enemigos de la Nación para
desacreditarlos, ofrecen así un cheque en blanco a los autores de las
violaciones contra aquellos. Finalmente, los Estados son responsables
cuando dan prueba de una negligencia culpable al no hacer todo lo
posible por proteger a los defensores.
Los actores no estatales (grupos de oposición armada, grupos paramilitares,
escuadrones de la muerte, grupos ultra nacionalistas, empresas
multinacionales, propietarios de tierras, etc.) también están al origen
de represalias, a menudo muy violentas, contra los defensores, que son
considerados como obstáculos para sus “proyectos” o ideologías. Muy
a menudo, los Estados juegan un papel indirecto pero también importante,
cuando permiten un clima de impunidad o cuando se convierten
en cómplices de esos grupos paramilitares o de esas milicias.
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