Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

10 de marzo de 2010

Esta afirmación sale de informe de la Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos. El texto indica que los defensores de los derechos humanos sufren también de "estigmatización", inclusive por miembros del gobierno de Alvaro Uribe. "Siguen existiendo en Colombia actitudes de acoso y persecución contra los defensores de derechos humanos y sus familias", escribe en la conclusión de su informe publicado el martes la Alta comisionada Navi Pillay, quien estuvo en este país en septiembre de 2009.

"La alta comisionada está profundamente preocupada ante el extendido fenómeno de amenazas contra los defensores de derechos humanos", añade en el documento que será presentado ante el Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el 24 de marzo.

Si bien reconoce que "la situación global de seguridad del país ha mejorado" con la implementación de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, Navi Pillay dedica su informe a una larga lista de sectores según ella amenazados: sindicalistas, líderes de comunidades indígenas, afro-colombianos, representantes de poblaciones desplazadas, magistrados, abogados o periodistas.
Para cada apartado la ONU menciona asesinatos, algunos de ellos con tortura, amenazas y seguimientos.

Estas amenazas se presentan "por medio de panfletos, notas necrológicas, correos electrónicos, llamadas", escribe Navi Pillay, lamentando el "clima de terror" que han generado.

Sin mencionar a los autores, a menudo desconocidos, responsabiliza al Estado colombiano, ya que "una de las principales razones de la inseguridad (...) reside en la estigmatización sistemática de estos (defensores) por miembros del gobierno y otros actores no estatales". Escuchas ilegales, detenciones arbitrarias, acusaciones de falso testimonio y robo de documentos son otras de las tantas trabas en la defensa de los derechos humanos en Colombia, según el informe. El gobierno colombiano ha brindado protección a 3.052 personas entre enero y septiembre de 2009, pero "la protección real" será posible cuando la "estigmatización cese por completo" y los autores de crímenes y amenazas sean juzgados, concluye.

Según el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, principal sindicato colombiano) Domingo Tovar, los crímenes contra sindicalistas no han cesado desde que la Alta comisionada viajó al país: durante 2009, 41 sindicalistas fueron asesinados y desde principios de 2010, siete.

"Aunque ha disminuido el número de asesinatos (...) la violencia antisindical permanece (...) porque en este país no se aceptan los contradictores políticos", asegura.

La periodista Claudia Julieta Duque, mencionada en el informe como víctima de seguimientos y amenazas por parte del Departamento administrativo de seguridad (DAS, servicio de inteligencia), también se mostró pesimista. "En febrero, tras una rueda de prensa sobre mi caso vi a un hombre tomando fotos a mi hija y a mí" y desde entonces he sido de nuevo seguida en moto y vigilada", narró Duque.
En respuesta al informe, la vicepresidencia colombiana consideró por su parte que éste también señala los "importantes avances" logrados. En un texto, la vicepresidencia reconoció "la gravedad de las informaciones dadas a conocer sobre presuntas actividades ilegales de inteligencia" y al respecto recordó que el gobierno promueve un proyecto de ley destinado a crear una agencia civil de inteligencia, que implica también una depuración de sus archivos.

El Estado colombiano reiteró su compromiso "de continuar avanzando en el logro de la plena vigencia de los derechos que realizan la dignidad humana, las libertades y la no discriminación".

BOGOTÁ
Afp