Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

Ciudad Juárez, Chihuahua. 14 de enero de 2010.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) concluye el día de hoy su visita al Estado de Chihuahua. Los objetivos principales de la visita fueron presentar nuestro Informe sobre la Situación de las y los Defensores en México “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”, y obtener información de manera directa sobre el entorno de derechos humanos en el Estado. 

El Informe pretende reconocer y visibilizar el trabajo que realizan las y los defensores en el país, identificar los principales retos que enfrentan para ejercer su labor, y trazar una ruta para que el Estado avance en la creación de las condiciones para ejercer el derecho a defender los derechos humanos. Hemos presentado el informe a las autoridades del Estado, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. 

La visita de la Oficina se da en un contexto de inseguridad y violencia que ha deteriorado las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos realicen su actividad, como lo precisa una de las conclusiones del Informe: la “inseguridad y la violencia que se vive en el país intensifican la situación de vulnerabilidad de las y los defensores”.

 Es dentro de este escenario de mayor riesgo en el que el pasado domingo 3 de enero fue asesinada la defensora de derechos humanos Josefina Reyes, quien desde hace algunos años había denunciado presuntos abusos cometidos por elementos del Ejército Mexicano. La Oficina condena el asesinato de la señora Reyes y hace un llamado a las autoridades competentes para esclarecer los hechos de manera rápida y eficaz, contemplando como una de las líneas de investigación la actividad que como defensora de derechos humanos realizaba la señora Reyes, así como otras versiones que he tenido oportunidad de escuchar de viva voz; y así juzgar y sancionar a los responsables conforme al debido proceso. 

Tal y como concluye el Informe, el “factor que en mayor medida incrementa el riesgo que viven las y los defensores es la impunidad” por lo que se recomienda establecer un protocolo de investigación que sea implementado por las procuradurías de justicia en todos los casos en que las y los defensores sean víctimas de algún delito relacionado con su actividad.

En Ciudad Juárez aproveché la oportunidad para reunirme con Cipriana Jurado, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, y con Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Ambos me expresaron el riesgo que corren con motivo de su actividad en defensa y promoción de los derechos humanos. Por tal motivo, la Oficina reconoce las acciones emprendidas por el Estado mexicano para que Gustavo, y próximamente Cipriana, desarrollen sus actividades sin riesgos. 

La situación de ambos reitera la pertinencia de institucionalizar un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores y periodistas, recomendación contemplada en el Informe presentado, y sobre la cual ya se están empezando a tomar acciones concretas. En particular, la Secretaría de Gobernación ha comenzado a trabajar, con la asesoría de la Oficina, en acciones concernientes a la protección de defensores y defensoras así como en una campaña en medios que reconozca la importancia del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos. 

Durante nuestra visita hemos presentado dos publicaciones recientes de la Oficina: Feminicidio y Reparaciones con Perspectiva de Género. La oportunidad de ambas publicaciones es mayor para un Estado que ha registrado altas tasas de violencia en contra de las mujeres. La sentencia de la Corte Interamericana, en el así llamado caso del “Campo Algodonero”, se suma a una serie de pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos que han llamado la atención sobre los asesinatos en contra de mujeres, mismos que en su mayor parte siguen en la impunidad. Esperamos que los dos libros contribuyan a erradicar la violencia feminicida en contra de las mujeres y a garantizar el derecho a la reparación de las víctimas tomando en consideración la situación específica de las personas afectadas en los términos señalados por la sentencia de la Corte. 

Durante mi visita tuve conocimiento, a partir de diversas versiones, de la presunta desaparición forzada de integrantes de la familia Alvarado en el municipio de Buenaventura. Hago un llamado a las autoridades competentes para investigar los hechos, esclarecer su paradero y poner fin a la zozobra que embarga a la familia.

La visita al Estado de Chihuahua nos ha permitido conocer directamente los grandes desafíos que en materia de seguridad pública enfrenta el Estado de Chihuahua. La Oficina reconoce la legitimidad que tiene el Estado de combatir a la criminalidad y garantizar el derecho a la seguridad de las personas, y comprende que la labor de garantizar el orden y hacer cumplir la ley supone riesgos, especialmente cuando los grupos criminales han acrecentado exponencialmente su peligrosidad. Sin embargo, es oportuno recordar las palabras de la entonces Alta Comisionada Louise Arbour, quien en su visita a México en febrero de 2008 precisó que “la atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo.”

En este sentido, autoridades locales me han hecho saber que ya se está trabajando para que sean las corporaciones civiles quienes realicen los trabajos de patrullaje en el Estado. La Oficina reconoce y saluda esta medida, que de implementarse, sería sin duda un paso importante para que paulatinamente sean las instituciones civiles las que de manera exclusiva desempeñen las funciones de seguridad pública.

La situación de seguridad por la que atraviesa Chihuahua se manifiesta en una de las tasas de homicidio más altas del mundo. La Oficina recuerda que el derecho a la vida es un derecho humano reconocido ampliamente por los tratados internacionales de derechos humanos, el cual debe ser asegurado por el Estado actuando con la debida diligencia para prevenir los asesinatos cometidos por particulares y perseguir a sus autores. La Oficina recomienda al Estado redoblar sus esfuerzos para poner fin al clima de inseguridad y garantizar el derecho a la vida de sus habitantes, terminar con la impunidad y regresarle a la población sus derechos conculcados.