Atacando a los Defensores en Colombia y Guatemala

La intimidación y los ataques contra defensores de derechos humanos en Colombia y Guatemala han continuado en el último año, socavando gravemente la promoción de los derechos humanos en dichos países. Aunque los esfuerzos por frustrar el trabajo de defensores de derechos humanos no es un fenómeno nuevo en América Latina, esta tendencia inquietante en Colombia y Guatemala requiere de una mayor atención y acción inmediata por parte de la comunidad internacional.

Guatemala

Durante el conflicto armado interno en Guatemala, muchas personas valientes que trabajaron para combatir la impunidad y promover los derechos de los más desvalidos fueron silenciados por grupos armados. La antropóloga Myrna Mack Chang (1949 – 1990) es una de los tantos defensores que fueron considerados como una amenaza y consecuentemente asesinados por sus valientes esfuerzos a favor de los desplazados internos y otras comunidades. Hoy en día, defensores de derechos humanos están siendo nuevamente atacados. El Movimiento Nacional de Derechos Humanos en Guatemala reportó 65 casos de amenazas o ataques contra defensores de derechos humanos entre enero y abril del 2006. Miembros de grupos armados ilegales, frecuentemente referidos como “grupos clandestinos”, se cree son los responsables de la mayoría de los ataques contra la sociedad civil. Estos grupos clandestinos son redes ilegales con fuertes vínculos con elementos del aparato de seguridad, el sector privado y criminales comunes. Han logrado fortalecer sus nexos con redes del crimen organizado y los llamados “poderes ocultos”. Estos representan una red amorfa de individuos poderosos que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores públicos y privados para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen.

Colombia

Las intimidaciones contra defensores de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil aumentó durante los meses previos a las elecciones presidenciales en Colombia. Las amenazas y los ataques han persistido desde las elecciones. Todos los grupos armados involucrados en el conflicto interno colombiano siguen atacando e intimidando a defensores de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil. Como en Guatemala, algunos agresores, incluyendo paramilitares desmovilizados, están asociados a redes criminales que buscan controlar regiones geográficamente estratégicas para el país para así poder realizar sus actividades económicas legales e ilegales.

Líderes de comunidades de desplazados internos viviendo en los sectores más pobres de ciudades como Buenaventura, Bogotá, Barrancabermeja y Medellín son particularmente vulnerables. Muchos desplazados huyeron a las ciudades debido a la incapacidad de las autoridades nacionales de proporcionarles la protección adecuada en sus regiones de origen. En las ciudades confrontan el dilema de regresar a a sus casas en áreas controladas por aquellos que los desplazaron o refugiarse en sectores pobres de la ciudad donde nuevamente se encuentran frente a personas que les harán daño. Muchos involuntariamente terminan como desplazados “intra-urbanos”, es decir individuos que son forzosamente desplazados de un barrio a otro dentro de la misma ciudad.

Acciones contra organizaciones de derechos humanos por grupos que se autodenominan la “nueva generación” o “Colombia libre de la izquierda por siempre” representan un serio peligro. A pesar de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupos similares continuan operando, lo cual indica que las AUC no han sido del todo desmovilizada.

Informes de Amnistía Internacional

Los informes de Amnistía Internacional publicados en agosto y septiembre señalan diversos peligros que confrontan defensores de derechos humanos en Colombia y Guatemala, entre los cuales asesinatos, intentos de asesinato, intimidaciones, amenazas y entradas ilegales a sus oficinas o residencias.

En Colombia, el informe de Amnistía Internacional señala la falta de voluntad política para combatir la impunidad en los casos de defensores de derechos humanos y comentarios inapropiados hechos por funcionarios de alto nivel colombianos, acusando a defensores de derechos humanos de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Dichas declaraciones promueven un ambiente que socava la legitimidad del trabajo de los derechos humanos y ponen en peligro a los defensores de derechos humanos señalados por los funcionarios.

En Guatemala, los asesinatos y atentos de asesinato de defensores de derechos humanos, líderes de la sociedad civil y sus familiares continuaron en el 2006. Amnistía Internacional declara que “la falta de voluntad política a la hora de abordar una serie de cuestiones pendientes desde hace largo tiempo como la impunidad, la debilidad del sistema judicial, la hostilidad hacia los defensores de los derechos humanos y la existencia de grupos clandestinos en Guatemala ha permitido que esta nueva oleada de ataques no haya encontrado oposición..”

En abril, Meregilda Súchite, una líder de la comunidad de Tuticupote Anajo del departamento de Chiquimula, Guatemala que había participado en varias campañas para la promoción de los derechos humanos, fue asesinada en camino a la iglesia. Súchite fue baleada varias veces y mutilada con un machete. Sus agresores amenazaron con matar a su familia. Dos meses después, Vinicio Aguilar Mancilla, presentador de radio, fue baleado en la boca y gravemente herido por dos hombres no identificados que viajaban en motocicleta. El mismo mes, Carmen Sagastume, miembro de la Coordinación Nacional de Comunidades Marginalizadas y Regiones de Guatemala (CONAPAMG) fue asesinada cuando dos hombres vinieron a su residencia en busca de su marido, quien es un miembro de alto nivel de la organización.

Asesinatos recientes de activistas en Colombia incluyen la desaparición, violación, tortura y asesinato de Yamile Agudelo Peñaloza de la Organización Femenina Popular (OFP) y el asesinato de Héctor Diaz Serrano, miembro del USO, Unión de Trabajadores del Petróleo. Estos dos incidentes ocurrieron en marzo en Barrancabermeja, región contralada por los paramilitares. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables del asesinato de Wilson Fartia Reatiga, Presidente del Comité de Acción Colectiva de Tame en Arauca. Reatiga era también un testigo de la masacre de Santo Domingo de 1998. La FARC es también responsable de la tortura y asesinato de Fabían Trellez Moreno, líder comunitario y representante legal del Ayuntamiento local de la Comunidad de Boca de Bebará en Medio Atrato, Chocó, ocurridos el 8 de septiembre.

Amenazas de Muerte

Amenazas de muerte continuan siendo una manera de fomentar terror dentro de la comunidad de derechos humanos, con los perpetradores mejorando las técnicas y métodos de intimidación en base a los avances tecnológicos disponibles. En Colombia, el correo electrónico se ha convertido en un método popular, especialmente para los que desean silenciar a las organizaciones que forman parte del Movimiento Nacional de Víctimas. Entre mayo y septiembre del 2006, grupos afirmado tener vínculos con paramilitares y declarando su apoyo a las fuerzas de seguridad colombianas, enviaron cinco amenazas de muerte por correo electrónico a la sede principal de varias organizaciones de la sociedad civil que fomentan los derechos humanos, la paz y la justicia en el país. En sus mensajes, los perpetradores amenazan a los grupos a parar sus actividades políticas o sufrir las consecuencias.

En Guatemala, el antrólogo forense Fredy Peccerelli y miembros de su familia han sido víctimas de varias amenazas, incluyendo amenazas por mensajes de texto en sus teléfonos celulares. El señor Peccerelli y los miembros de su organización, La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, la cual realiza exhumaciones de las fosas comunes donde se encuentran enterradas las víctimas del conflicto armado interno, han recibiendo amenazas convencionales desde el 2004. Aunque las autoridades guatemaltecas están conscientes de las amenazas contra Peccerelli y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares, las investigaciones para hallar a los perpetradores no han avanzado y los mecanismos de protección otorgados a la Fundación han sido inadecuados.

En Colombia, las agresiones aumentan contra las denominadas “comunidades de paz” y “zonas humanitarias.” En septiembre, un grupo de 30-40 hombres armados, algunos de los cuales se identificaron como miembros de los paramilitares, llegaron a una casa en San Josecito, cerca de la comunidad de paz de San José de Apartadó, Antioquia, y dijeron a una mujer viviendo en esta casa que exterminarían a la comunidad de paz. San Josecito es un poblado pequeño establecido por los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó poco despúes de la masacre de ocho de sus miembros, incluyendo niños, en febrero del 2005.

En el Chocó, las comunidades Afro-Colombianas de Curvaradó y Jiguamiandó continúan siendo víctimas de amenazas por parte de los “paramilitares.” Por muchos años, los líderes de la comunidad Afro-Colombiana han sido el blanco de grupos armados debido a sus esfuerzos en defensa de sus derechos colectivos y humanos según lo define la Ley 70 de 1993. Civiles quienes resisten el desplazamiento o regresan a sus tierras tradicionales luego de haber sido desplazados enfrentan actos de violencia y amenazas por parte de los grupos armados. El 16 de agosto, paramilitares advirtieron a los residentes de una de estas comunidades de sus planes de asesinar al líder comunitario Enrique Petro, otros miembros de la comunidad de Cuavaradó y a los defensores de los derechos humanos quienes los acompañan. Dichos paramiilitares, quienes supuestamente fueron desmovilizados a principios de este año, declararon que “estamos solamente esperando que el comandante nos de la orden e indique cuando actuar.” El 22 de septiembre, tras la presión internacional que originó esta amenaza, otro “paramilitar” advirtió que no iban a poder llevar a cabo sus planes contra Petro debido a la presencia internacional que lo rodeada, pero que iban a atacarle “donde le duele más: sus hijos y su familia.”

Entrada ilegal y robo de oficinas

El ingreso ilegal a las oficinas y residencias de organizaciones de derechos humanos también esta siendo utilizado como mecanismo para interrumpir y silenciar el trabajo de derechos humanos. Este año, información importante fue robada durante la entrada forzosa a varias oficinas y casas de organizaciones colombianas de derechos humanos. En agosto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró publicamente que personas han robado información de las computadoras de varias oficinas de organizaciones no gubernamentales en Colombia. En abril y agosto, las oficinas de la Consultoría para los Derechos Humanos y

El Desplazamiento (CODHES) fueron objeto de robo. Los perpetradores robaron la base de datos sobre el desplazamiento interno de CODHES y el disco duro y discos de memoria de dos computadoras. CODHES es la organización no gubernamental que mantiene las estadísticas más comprehensivas sobre el desplazamiento interno en el país.

En Guatemala, el informe de Amnistía Internacional señala que han habido al menos diez organizaciones de la sociedad civil que han sido objeto de entradas ilegales y robo desde inicios del 2006. En junio, personas no identificadas robaron una computadora de la oficina de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas en Chimaltenango, y saquearon los archivos y computadoras relacionadas con el trabajo sobre las mujeres sobrevivientes del conflicto armado. Ese mismo mes, le fueron saqueados los archivos y computadoras y robados los teléfonos celulares y máquinas de fax de otra organización no gubernamental de los derechos de la mujer.

Acción Internacional

La atención y acción internacional sirven como mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos y para asegurar que puedan realizar sus actividades efectivamente. Entre las acciones específicas que pueden tomar gobiernos internacionales, organizaciones y organizaciones non-gubernamentales, se encuentran:

1) Apoyar y alentar al Gobierno de Guatemala a implementar la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), iniciativa que actualmente está siendo negociada con las Naciones Unidas y la cual busca apoyar a las autoridades locales a investigar y desmantelar

2) Darle seguimiento al proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia y expresar preocupación al Gobierno de Colombia sobre el rearmamento de estos grupos y los continuos ataques e intimidaciones perpetradas por estos contra defensores de derechos humanos.

3) Incrementar el apoyo a grupos internacionales de acom-pañamiento, como Brigadas Internacionales de Paz, que proveen protección física no armada a organizaciones de derechos humanos en Guatemala y Colombia.

Los ciudadanos estadounidenses deberían contactar a sus respectivos miembros del Congreso para expresar preocupación por los defensores de derechos humanos y pedir que trabajen para construir un ambiente seguro para los defensores de derechos humanos mediante la implementación de estas recomendaciones. Los gestores de políticas estadounidenses y la comunidad internacional deberían alentar a los Gobiernos de Colombia y Guatemala a expresar públicamente su apoyo por los que trabajan para fomentar los derechos humanos en sus países y condenar todo tipo de intimidación, amenaza, y violencia contra dichos defensores.