Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

"No es muda la muerte": Informe de violaciones a la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas en Colombia durante el 2008 y situación de impunidad de las violaciones en el periodo 1986-2009

Por más de 15 años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, han instado al Estado colombiano para que adopte medidas para garantizar que las organizaciones de trabajadores puedan “ejercer libre y significativamente sus actividades en un clima exento de violencia”. Además, la última sesión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo urgió “al gobierno a que ponga término a la actual situación de violencia e impunidad a través de medidas y políticas innovadoras y eficaces aplicadas de manera continua [...]”. Esa comisión que trata el caso de Colombia desde hace más de 10 años destacó que “se precisan nuevas medidas y expresó la esperanza de que el gobierno garantizará que el Poder Judicial será investido de todos los poderes necesarios a este fin, así como de que se continuarán asignando recursos financieros adicionales para una mayor protección de los sindicalistas amenazados, junto a un claro mensaje al más alto nivel de la importancia del papel que desempeñan las organizaciones sindicales en la sociedad y de que no se tolerará la violencia antisindical”.

Este panorama de violencia e impunidad en crímenes contra sindicalistas se mantiene y se agravó especialmente durante el año 2008. Este informe contiene dos partes que desarrollan esta afirmación. En la primera parte la Escuela Nacional Sindical elaboró un diagnóstico de la violencia antisindical referida a las violaciones a la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas ocurridas durante el 2008, un recuento de la violencia histórica a la que han sido sometidas las y los sindicalistas durante los últimos 23 años y la persistencia de esta violencia durante el gobierno del presidente Uribe Vélez. La segunda parte contiene un panorama de la sostenida situación de impunidad de los crímenes contra sindicalistas. Allí se muestra el análisis del papel de la Fiscalía General de la Nación en desarrollo de la investigación de los hechos y los responsables en casos de violencia antisindical y un análisis cuantitativo y cualitativo del trabajo de los jueces que tratan estos casos. Este informe nos permite asegurar que la violencia no es un hecho del pasado, que fue y sigue siendo grave, y que la impunidad de esos crímenes persiste.