Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

El informe anual “Violencia, respuesta a 10 años de lucha: Informe sobre situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Enero a Diciembre de 2009” muestra a la sistematización de la verificación realizada por UDEFEGUA durante el año 2009 y el análisis comparativo de la violencia política durante esta década.

El informe es el producto del trabajo de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala ONG (Unidad o UDEFEGUA). La Unidad es un servicio que se presta a todo defensor, defensora, activista, organización e institución de derechos humanos que haya sido agredida.

Para desarrollar sus actividades, la Unidad funcionó durante el 2009 con un equipo de trece personas que realizan las funciones de verificación, asesoría legal, protección y asesoría en seguridad a través del programa Aj Noj Protection Desk en alianza con Protection International. Con este equipo, durante este año se logró mejorar la aplicación del protocolo desarrollado durante el 2008, así como el acompañamiento de los defensores y defensoras ante el Ministerio Público y la gestión de Medidas Cautelares. También logramos ampliar nuestro apoyo en asesoría en seguridad a organizaciones de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Chiapas, México.

El año 2009 constituyó el año más violento de la década que UDEFEGUA ha registrado la violencia política contra defensores y defensoras de derechos humanos, 353 agresiones que representan un aumento del 37% con respecto de los ataques ocurridos en el 2008. Es también el año en que los y las periodistas, en particular, también sufren un aumento del 358% de agresiones con respecto al 2008. Los y las defensoras de derechos a la verdad, incrementaron el número de agresiones recibidas en un 303%. También mantenemos un alto número de defensores asesinados, 15, y emerge un preocupante patrón nuevo de violencia que es la tortura en contra de defensores de derechos humanos cometido por autoridades locales.

Este año, la defensa de los recursos naturales y el derecho al desarrollo generó respuestas violentas y criminalizadoras por parte de empresas transnacionales a través de sus aliados locales. La respuesta del Estado ante estos hechos ha mostrado que los intereses económicos prevalecen sobre la vida y la integridad. Muestra de ello es lo que desde el 2008 ocurre en Malacatán, San Marcos y la situación de El Estor, Izabal que luego de años de conflictividad sin atender ha llegado al extremo de quitar la vida a un defensor de derechos humanos como mecanismo de presión para obligar al desalojo.