Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

Para el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la presentación de este informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos posterior al golpe político militar del 28 de junio de 2009 es constancia histórica de hechos inaceptables y condenables, que nos causan vergüenza y estupor.

Para empezar, el allanamiento de morada y detención violenta, con excesivo uso de fuerza, seguidos de secuestro y expatriación del Primer Ciudadano del País, Manuel Zelaya Rosales, por miembros uniformados y encapuchados de las Fuerzas Armadas de Honduras, obedeciendo órdenes de los golpistas (véase fotocopia de oficio con fecha 26 de junio de 2009), de los dueños del Partido Liberal y Nacional, según consta en correo electrónico liberado en fecha reciente (Véase archivo adjunto).

Para restituir los derechos del Presidente Zelaya interpusimos Recursos de Amparo ante la Suprema Corte, sin resultados favorables.

Los atropellos contra el Presidente, por sus propios subordinados, fueron similares a los vividos el mismo domingo 28 de junio por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

Rodas estaba en su casa de habitación acompañada por su esposo Rodolfo González y los embajadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, quienes habían llegado a expresarle solidaridad tras lo ocurrido al amanecer, cuando llegaron militares uniformados y encapuchados en forma violenta, empuñando armas cortas y largas, sometiendo a vejámenes al señor González en el interior de la casa y forcejeando a los diplomáticos que protegían a Rodas como escudos humanos; los enfurecidos golpistas llevaron a la Canciller con rumbo desconocido.

Inmediatamente después de esa arbitrariedad, interpusimos varios recursos de Exhibición Personal (Hábeas Corpus), sin resultado alguno. Lamentablemente, el informe P579=09 que rindió el Juez Ejecutor, Nery Velásquez, representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con fecha 31 de junio de 2009, es viciado; el 31 de junio, no existe en el calendario. Posteriormente, por la prensa internacional el mundo supo que la Secretaria Rodas había sido expatriada a México un día después de su secuestro.

A partir de estos hechos, silenciados absolutamente por la prensa corporativa concertada por los golpistas, sobresalen la militarización de varias entidades públicas estratégicas del país y la reactivación de miembros del escuadrón de la muerte (3-16) que operaron en la guerra sucia impuesta en la década de los años 80’s, en cuyo mandato usurpador ocurren las violaciones aquí reseñadas contra derechos y garantías consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los reportes ubican al departamento de Colón en posición de alto riesgo, pues ahí las Garantías Constitucionales e Individuales suspendidas con los toques de queda y estado de excepción fueron hechas en forma excepcional o diferenciada; diversos testimonios de las autoridades locales, de líderes sociales y de ciudadanía en general, confirman un estado de total y absoluta indefensión ante las fuerzas militares del IV Batallón, XV Batallón, Base Naval de Castilla, Policía Nacional Preventiva y Ministerio Público, cuyos agentes realizan detenciones masivas de hombres y mujeres de diferentes edades, incluyendo niños y adolescentes. Inclusive, en esta zona los militares y policías reunieron en plaza pública a población descontenta – incluyendo una ciudadana estadounidense —, como si se tratara de campo de concentración Nazi. 

En varios municipios de otros departamentos del país, sus alcaldes son amenazados a muerte, perseguidos, allanados en sus propiedades e intervenidos en sus sedes municipales, en una especie de réplicas de golpes de estado locales con toda la dosis de terrorismo e indefensión que ello supone.

Nos preocupa sobremanera la situación de la Comunidad Agraria Guadalupe Carney, en Trujillo, Colón, donde están expuestas más de 600 familias organizadas en 45 Empresas Asociativas, ante fuerzas militares, policiales y del Ministerio Público, que intentaron penetrar el día 13 de julio pasado para someter a sus habitantes, tomar control del territorio y apresar a la dirigencia.

Dejamos constancia aquí de nuestro repudio por la militarización seguida de persecución que han sufrido ejecutivos y trabajadores de medios independientes, y con ellos la anulación de las libertades de información, opinión, expresión y prensa, que son fundamento del Estado Democrático de Derecho.

Que conste para la historia que el golpe político militar incluyó militarización de medios, cierre temporal de frecuencias de radio y televisión, persecución de periodistas, corte de teléfonos, energía eléctrica e Internet, además de la imposición de cadenas nacionales combinadas con desinformación, manipulación y propaganda psicológica por el régimen de facto, inclusive censura a las transmisiones de medios de prensa internacionales y expulsión de corresponsales y técnicos.