Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

23 febrero 2011

El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el país durante el año 2010 se presenta hoy en Colombia, y se hará público ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, el próximo 23 de marzo del año en curso.

Según Christian Salazar, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el Informe señala que el panorama de los derechos humanos en el país durante 2010 se caracterizó por una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras que contrastan con la persistencia de serias violaciones de los derechos humanos en las diferentes regiones del país”.

El Informe valora el clima político y resalta que el “desarme de la palabra” impulsado por el nuevo Gobierno se ha traducido en una mejora significativa de las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial y con las organizaciones de derechos humanos. Un resultado importante de esta despolarización fue, por ejemplo, la elección de una nueva Fiscal General después de un impasse de 16 meses, dice el Informe. 

Reconoce además el fuerte compromiso de altos funcionarios del nuevo Gobierno con la mesa de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos, aunque la Alta Comisionada y su Oficina en Colombia esperan que los compromisos adquiridos se cumplan en la práctica. 

Para la Alta Comisionada los rechazos públicos de altos funcionarios del Gobierno a actos de violencia y violaciones de derechos humanos fueron oportunos y reconoce el seguimiento que la Vicepresidencia está dando a las investigaciones penales de varios casos. Espera que en 2011 se adopten las decisiones que permitan la plena implementación de los cambios anunciados.

El informe 2010 destaca como especialmente importante el proyecto de “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, y que éste Gobierno mantuvo firme su posición de no excluir a víctimas de agentes del Estado. 

Otras medidas positivas en las que haces énfasis el Informe son la sanción de la “Ley de Homenaje” a las víctimas de desaparición forzada, el nuevo Código Penal Militar y la aprobación por parte del Congreso de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

El Informe señala que solo recientemente se comienza a conocer la dimensión real del fenómeno de la desaparición forzada en Colombia. A noviembre del 2010, el total de personas desparecidas registradas en el Registro Nacional de Desaparecidos sumaba 51.310, de las cuales 12.632 podrían ser consideradas como desapariciones forzadas, es decir, personas desparecidas por agentes estatales. El aumento en el registro de casos de desaparición con respecto al 2009 es casi del 40%. 

Aunque la impunidad sigue siendo uno de los problemas principales del país, el Informe reconoce los esfuerzos realizados por parte de los organismos judiciales para esclarecer algunas violaciones que afectan a los pueblos indígenas. 

El Informe recoge los continuos homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones así como ataques y asesinatos de personas que pertenecen a grupos en situación de especial vulnerabilidad. 

El Informe reporta que las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen figurando entre los grupos de población más vulnerables y el Estado colombiano continúa enfrentando retos enormes para asegurar sus derechos y su protección. Un reto principal del Estado, según el Informe, es garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades a ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier acción que los afecte directa y diferenciadamente. 

Una preocupación importante que destaca el Informe es el aumento de la violencia generada por grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares. Miembros de estos grupos cometieron homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados, individuales y colectivos, y actos de violencia sexual y explotación de niños y niñas. 

El Informe señala que entre las víctimas de estos grupos se encuentran líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y funcionarios y funcionarias públicos, que en el ejercicio de su función se oponen a dichos grupos. Estos grupos también actúan hostilmente ante aquellas personas percibidas como colaboradoras o miembros de grupos rivales o de la fuerza pública, o simplemente que se encuentran en una zona de disputa con otro grupo. 

El Informe da cuenta de que en 2010 avanzaron las investigaciones y procesos judiciales sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Según la Alta Comisionada, los hechos que su Oficina ha conocido sobre el DAS y otros organismos de inteligencia, demuestran que las reformas de inteligencia son urgentes, no solo para el DAS, sino para todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano. 

El Informe confirma la drástica disminución de la práctica conocida como “falsos positivos”, y considera fundamental avanzar en los procesos judiciales por las violaciones ocurridas en el pasado y analizar en profundidad las causas de estas violaciones, como garantía de no repetición de estos hechos.

Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, el Informe estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de estos casos ocurrieron entre los años 2004 y 2008. 

El Informe afirma que el conflicto armado interno sigue siendo uno de los generadores principales de violencia contra la población civil. Todas las partes del conflicto armado continuaron cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario, especialmente los grupos guerrilleros 

Además de los temas mencionados hasta ahora, el Informe trata un abanico de otros temas importantes, como por ejemplo la tortura, el desplazamiento forzado o los derechos económicos, sociales y culturales, y se delinean algunas áreas de trabajo prioritarias de la Oficina en Colombia para 2011. 

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