Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

Mayo 2011

RESUMEN EJECUTIVO

Los casos de ejecuciones extrajudiciales aún se presentan en el país. En 2010 se evidencia un incremento preocupante del 58,3% en los casos y de 69,5% en las víctimas comparándolo con las violaciones ocurridas en 2009. Ello hace pensar que las medidas tomadas por el gobierno nacional en 2008 deben ser complementadas para garantizar un mayor control de este tipo de infracciones por parte de miembros de la Fuerza Pública y poder así dar efectivas garantías de no repetición de las mismas. 
El acumulado de casos y víctimas registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/ PPP entre 2001 y 2010 es de 562 casos y 1119 víctimas. Estas víctimas han padecido distinto tipo de violaciones: 887 víctimas responden a ejecuciones extrajudiciales, 87 a torturas, 36 a heridos, 41 a amenazas individuales, 63 a desapariciones forzadas e involuntarias y 214 a detenciones arbitrarias. 
El panorama de las investigaciones judiciales es preocupante por los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados que han ido arrojando con relación al número total de casos reportados hasta la actualidad. A esto se suma el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la Justicia Ordinaria, el vencimiento de términos, la existencia de casos de Militares condenados por graves infracciones al DIH que aún continúan en servicio, y la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces. 

RECOMENDACIONES

 Al Gobierno Nacional: 
• Adoptar todas las medidas necesarias que reconozcan la legitimidad de las víctimas y sus familias en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. 
• Adoptar todas las medidas necesarias de protección de víctimas, testigos, abogados defensores de las víctimas y defensores de derechos humanos en general, fiscales, jueces, y sus familias, que están relacionados con casos de ejecuciones extrajudiciales, para avanzar en la búsqueda de la verdad y el conocimiento de la magnitud del fenómeno. 
• Garantizar el cambio de jurisdicción de los procesos sobre ejecuciones extrajudiciales, transfiriendo los casos desde la justicia penal militar a la justicia ordinaria, incluyendo la revisión de todas las actuaciones judiciales hechas en la justicia penal militar. 
• Acoger las múltiples recomendaciones hechas por organizaciones nacionales e internacionales y tomar las medidas adecuadas para mejorar la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 
• Garantizar la judicialización de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y los demás tipos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se presentan en el país. A la Comunidad Internacional: 
• Mantener el apoyo a las prácticas y políticas que favorezcan la vigencia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

A las ONG Nacionales: 
• Continuar y fortalecer el proceso de documentación de los casos de las diferentes modalidades de violación de Derechos Humanos que se presentan en el país. 
• Continuar y reforzar el acompañamiento a los sectores sociales prestando asesoría jurídica a las víctimas y familiares de estas para que los diferentes hechos que atentan contra la vida e integridad de estos no quede en la impunidad.