Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

La población en situación de riesgo son aproximadamente 158 miembros de organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicales, docentes, estudiantiles, de población desplazada, indígenas, jueces de paz, líderes comunales y campesinas. Al igual que 2 plataformas de trabajo y 32 organizaciones sociales del Eje Cafetero: 12 del Quindío, 10 de Risaralda y 10 de Caldas. Así como el Analista del Sistema de Alertas Tempranas-SAT de la Defensoria del Pueblo, Regional Eje Cafetero.

El Analista Regional del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para la región del Eje Cafetero, fue objeto de amenazas a través de mensaje de correo electrónico.

DESCRIPCION DEL RIESGO

Tras años de fragmentación del tejido social, inactividad e invisibilización de las organizaciones de derechos humanos en la Región del Eje Cafetero, como consecuencia del accionar de los grupos paramilitares y narcotraficantes, se reactivó desde el 2008 el movimiento social y los comités de derechos humanos, entre otros espacios colectivos de trabajo, que asumió la denuncia y visibilización de la problemática social y las vulneraciones a los derechos fundamentales e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado, con el propósito de incidir en la construcción de políticas de prevención y protección de los derechos humanos, de exigir garantías para las víctimas en la búsqueda de la justicia, verdad y reparación como también para demandar del Estado y las autoridades regionales, el respeto por el derecho de reunión, asociación, oposición y libertad de expresión.

Producto de esta legítima labor, se han suscitado tensiones y contradicciones con las autoridades locales y regionales y una mutua desconfianza ha surgido entre las autoridades y las diferentes expresiones de la organización social. Por un lado, porque las organizaciones de la sociedad civil demandan la acción efectiva del Estado para disminuir la impunidad en la región, para que se investiguen con rigor las amenazas e intimidaciones y atentados contra la vida y se neutralicen las acciones de los grupos armados ilegales emergidos con posterioridad a la desmovilización de las AUC, que ejercen control territorial, poblacional y político en los escenarios urbanos y sub urbanos del Eje Cafetero; por otro lado, porque la institucionalidad local y regional, en ocasiones presta poca atención a los análisis que estas organizaciones realizan, minimizando las amenazas contra los defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales bajo el argumento de que en la región no existen estructuras armadas ilegales en el territorio sino bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico. 

Los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC, pretenden estigmatizar a las organizaciones sociales, como supuestos aliados de la guerrilla, para aplicar así el modelo contrainsurgente propio del paramilitarismo lo que le otorgaría carácter político a sus acciones. En los panfletos amenazantes que se han distribuido, en diferentes sectores del Eje Cafetero, se pueden observar los siguientes elementos :

• Los señalamientos contra los defensores de derechos humanos, como integrantes de estructuras terroristas, promotores de ideologías subversivas y como traidores de la patria.
• La advertencia reiterada de impedir el restablecimiento de la presencia de la guerrilla en territorios consolidados.
• La defensa de la política de Seguridad Democrática, las fuerzas militares y las instituciones encargadas de establecer el orden, la paz y el progreso en la región.
• El auto declararse como una fuerza que amenaza, condena y ajusticia a la población socialmente estigmatizada y vulnerable, bajo el discurso de la paz, la convivencia y la seguridad de la gente buena.

En el año 2009 se incrementaron las amenazas e intimidaciones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, los dirigentes sociales, sindicales, docentes, autoridades indígenas, desplazados, directivos de juntas de acción comunal y Jueces de Paz, por parte de los presuntos grupos ilegales que se hacen llamar “Águilas Negras” y La Cordillera”, puesto que los obligan a guardar silencio, a retractarse de las denuncias formuladas por violación a los derechos humanos o a desplazarse a otras zonas del país.

Preocupa a la Defensoría del Pueblo, las recientes amenazas contra el analista regional del Sistema de Alertas Tempranas-SAT de la Defensoría del Pueblo, para el Eje Cafetero, que tiene la misión de monitorear y advertir las situaciones de riesgo de la población civil. En tal sentido, esta amenaza, constituye una grave afectación de la acción estatal de promoción y defensa de los derechos humanos.

El Defensor del Pueblo, en este sentido, manifestó igualmente: "Se trata entonces, de un problema sistemático, reiterativo y grave, que se está ampliando cada vez más a diferentes proceso organizativos y comunitarios con el propósito de socavar sus iniciativas en materia de defensa, exigibilidad, reparación y restitución de derechos y que por lo tanto requiere la mayor atención por parte de las autoridades en cumplimiento de su obligación constitucional primaria de proteger la vida e integridad la vida e integridad de los asociados”.

Los miembros, dirigentes y líderes de los sectores sociales focalizados en el presente informe de riesgo podrían ser víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y múltiples; utilización de métodos y medios para generar terror, desplazamientos forzados, y restricciones sistemáticas a las libertades personales, la libre asociación y participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Descargar informe completo asi como la carta de respuesta del CIAT a la Defensoría a esta solicitud de alerta temprana.

http://www.defensoria.org.co/red/?_...;_secc=11&ts=2