Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

La Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) continua con su esfuerzo de mantener una información actualizada y precisa sobre la situación de defensores/as en el país con el objeto de nutrir el análisis de riesgo que realizan las organizaciones de derechos humanos y sociales guatemaltecas, las acciones de protección desarrolladas por la sociedad civil, las instancias de gobierno y la comunidad internacional y dar a conocer a los actores interesados la situación.

Este informe constituye una aproximación preliminar a la situación que han vivido los/as defensores/as de derechos humanos, durante el primer semestre del año 2010. Al momento de escribir este informe todavía se están haciendo verificaciones sobre casos. Podemos recibir información adicional que nos obligue a quitarlos de este reporte; así como podemos recibir en el futuro reporte de casos que incluyan hechos que ocurran durante estos meses. Las violaciones al derecho a defender derechos humanos registrados en este informe han sido denunciadas a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público o la Procuraduría de Derechos humanos o, en su defecto, están acreditadas con expedientes abiertos en contra de los defensores/as y ha sido verificadas las pruebas de descargo. Asimismo, son agresiones ocurridas a defensores/as de derechos humanos caracterizados de acuerdo a la doctrina generada por la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos.

El mes de mayo y junio de este año fueron marcadas por la crisis. Por una parte, el desenlace del proceso de la elección del Fiscal General evidenció un pacto de impunidad que se consolida con la designación del Lic. Conrado Reyes. En los primeros quince días de su función como Jefe del Ministerio Público sus acciones y decisiones muestran una serie de componendas tendientes no sólo a detener los casos de alto impacto y del pasado sino a entorpecer el trabajo de la Comisión contra la Impunidad. Esto obliga a la renuncia del Dr. Carlos Castresana y a su posterior denuncia de las redes que se unieron para poder desarrollar el plan para tomar el control del Ministerio Público y sacar a la CICIG del país.

Afortunadamente, la respuesta social de apoyo a la lucha en contra de la impunidad fue mayor a las expresiones públicas de políticos a favor del continuismo del status quo. Hoy estamos en medio del proceso de una nueva elección de Fiscal General, en el marco de la elección del Director del Instituto de la Defensa Pública Penal y a las puertas de la elección de la nueva Corte de Constitucionalidad en el marco de una lucha frontal contra los grupos de la impunidad.

La otra crisis es la que destapa la renuncia de Juan Alberto Fuentes Knight, Ministro de Finanzas Públicas, una semana después de la renuncia del Ministro de Economía. Las razones: la imposibilidad de realizar una reforma fiscal de fondo para realizar los cambios que se requieren para abordar los problemas estructurales del país. Al hablar de reforma fiscal tenemos que recordar que estamos abordando tanto la ausencia de voluntad para realizar reformas a los impuestos directos para aumentar la carga tributaria; pero también estamos abordando la parte del gasto y su racionalidad. En este otro aspecto, también se han sabido fuertemente de las presiones sobre transferencias presupuestarias que pudieron provocar la salida.

La otra crisis es la provocada por la medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán que ordena cerrar la Mina Marlin hasta que existan condiciones que garanticen la salud de los vecinos. Después de mucho tiempo y discusiones legales dilatorias; el gobierno anuncia acatar el fallo; pero sin embargo, lo hace con disposiciones poco claras.

Esta situación genera incertidumbre, tanto a las comunidades beneficiarias de la medida; así como a las familias que dependían laboralmente de la Mina y la empresa. En medio de esos mensajes poco claros, la violencia está aumentando para los/as defensores/as de derechos humanos en la región.

El presente informe muestra en su primera parte la situación de los/as defensores/as durante el semestre y como podrá observarse hay un incremento notable de agresiones a 189 hechos. Esto se debe a la grave situación vivida por Norma Cruz a principio del mes de junio en relación a un caso que lleva en El Progreso.

En la segunda parte del informe se presenta un informe de sistematización que se ha realizado sobre la situación de criminalización de defensores/as de derechos humanos que ha realizado UDEFEGUA. Esta sistematización se inicia en el 2004, porque este es el año en que este nuevo patrón de ataques inicia con la aplicación sistemática del delito de usurpación agravada modificado en 1997 como mecanismo para el manejo de los conflictos provocados por la reconcentración de tierras y por la utilización de la denuncia penal por parte del Estado ante la manifestación.

Aunque todavía no hemos logrado registrar todos los casos de defensores/as a las que se les a abierto procesos y la situación del mismo, este informe muestra que del 2004 a la fecha se han abierto procesos penales a 592 defensores/as y de los mismos solo se han logrado cerrar o sobreseer el 60% de los casos.

Con esta sistematización, se iniciará un registro sistemático del fenómeno con el objeto de lograr que el Estado genere una respuesta al fenómeno.

Queremos anunciar que en la página web de UDEFEGUA (www.udefegua.org) se encuentra ya disponible el resultado del Diagnóstico Mesoaméricano sobre Situación de Defensoras de Derechos Humanos realizado por JAZZAWIDConsorcio de Oaxaca y UDEFEGUA a inicios de este año.