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Martes 21 de julio de 2009 por UDEFEGUA
21 de Julio de 2009
La Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) continua con su esfuerzo de mantener una información actualizada y precisa sobre la situación de defensores/as en el país con el objeto de nutrir el análisis de riesgo que realizan las organizaciones de derechos humanos y sociales guatemaltecas, las acciones de protección desarrolladas por la sociedad civil, las instancias de gobierno y la comunidad internacional y dar a conocer a los actores interesados la situación.
Este informe constituye una aproximación preliminar a la situación que han vivido los/as defensores/as de derechos humanos, durante el primer semestre del año. Al momento de escribir este informe todavía se están haciendo verificaciones sobre casos. Podemos recibir información adicional que nos obligue a quitarlos de este reporte; así como podemos recibir en el futuro reporte de casos que incluyan hechos que ocurran durante estos meses. Las violaciones al derecho a defender derechos humanos registrados en este informe han sido denunciadas a la Policía Nacional Civil Ministerio Público o la Procuraduría de Derechos humanos o, en su defecto, están acreditadas con expedientes abiertos en contra de los defensores/as y verificación de las pruebas de descargo. Asimismo, son agresiones ocurridas a defensores/ as de derechos humanos caracterizados de acuerdo a la doctrina generada por la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. La situación de los/as defensores/as de derechos humanos, durante el primer semestre se ha desarrollado en un entorno violento y la defensa de los derechos humanos, se ha visto gravemente afectada. Durante este semestre, Guatemala sufrió crisis de todo tipo, en materia económica (por el impacto de la crisis financiera y sus repercusiones en los ámbitos laborales, productivos y sociales), de salud (la gripe AH1N1), y de seguridad. en la cual no podemos dejar de mencionar la ya no tan famosa muerte del Licenciado Rodrigo Rosenberg, que durante la segunda semana del mes de mayo, puso en jaque a las autoridades del país y que dejo entrever, de nuevo las deficiencias del sistema de justicia y la falta de procesos adecuados de investigación. Se pudo observar como el Gobierno de la Esperanza, logro salir avante de su primer gran escándalo, pero no sin antes dejar deterioradas las bases para la gobernabilidad.
Pero como todo gran acontecimiento, quedo una vez más en la memoria a corto plazo de los casi 12 millones de guatemaltecos. Lo único que queda es la demanda social del esclarecimiento del crimen contra el Licenciando Rosenberg, que se suma a las de muertes de los pilotos de autobuses, de las mujeres, y de todos los ciudadanos que han dejado sus vidas a manos de del crimen organizado y de aparatos clandestinos que funcionan en el país, así como las víctimas del genocidio y del conflicto armado interno. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sigue avanzando, con pequeños pasos, en el arduo camino que tienen que recorrer, hacia el cumplimiento de la función para la cual fue creada. Está recogiendo los primeros frutos de las investigaciones que ha realizado, en los casos de Alvaro Matus, ahora será el querellante adhesivo en la causa que se sigue contra el ex ministro de Defensa Eduardo Arévalo Lacs, quien se encuentra ligado a proceso por el delito de peculado, así como las sindicaciones contra la estructura de Ortega Menaldo. Con la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación, esperamos que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sean los idóneos para dichos puestos, ya que esto se logrará una transparencia en el sistema de justicia y será de gran ayuda para la labor que realiza la CICIG. Hace 10 meses estábamos celebrado el nombramiento de Marlene Blanco Lapola, como Directora de la Policía Nacional Civil, pero a inicios de junio, fue relevada de su puesto por el comisario Porfirio Pérez Paniagua, quien fungió como jefe de Distrito Central y Sub Director de Operaciones durante el gobierno de Alfonso Portillo. Con estas acciones vemos con desánimo como la PNC, está retomando la vieja guardia, ya que estos nombramientos hacemos remembranza a la Policía Nacional PN, además que con el nuevo despido de agentes policiacos, el crimen organizado tendrá nueva mano de obra calificada. A esto le podemos sumar la falta de interés que está mostrando la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH-en la aplicación de las normas para las cuales fue instituida, con lo que deja a la sociedad civil y a los defensores de derechos humanos en una muy difícil situación. Esperamos también que el acervo documental del Archivo Histórico de la Policía Nacional –AHPN- que estaba en manos de la PDH, y en el cual se puede encontrar valiosa información, para dar con los autores intelectuales, de muchos crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado, queden bien resguardados, sobretodo ahora que se está tramitando el traslado de la documentación al Ministerio de Cultura, supeditado al Archivo General de Centro América, a espera que bajo esta nueva administración se tenga un acceso completo a la información, que propicie el interés en la investigación, para restaurar cierta parte de la memoria y con esto se logre hacer justicia. Situación que será posible con la instauración de la Comisión Nacional de la Memoria Histórica.