Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

ANTE LA DIFAMACION CONSTANTE CONTRA LOS Y LAS DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE MAS SANO Y AL DERECHO A LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  

Como Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, nos unimos a los pronunciamientos de rechazo ante las agresiones y difamaciones que por escrito están circulado a nivel nacional e internacional, desde los primeros días del mes de marzo por vía electrónica y otro medios de distribución, en contra de los líderes de las comunidades organizadas de San Juan Sacatepequez, organizaciones y personas que están siendo criminalizadas por oponerse a la operación de una cementera en dicho Municipio.

Esta oposición se respaldada por la decisión firme de las comunidades plasmada a través de las distintas consultas populares (que se amparan en el Convenio 169 de la OIT), realizadas en las 12 comunidades y que son directamente afectadas con la operación de dicha cementera.

El derecho a la petición, a la organización, a la resistencia pacífica, a la manifestación; son derechos constitucionales que están siendo reprimidos por cuerpos ilegales que se han dedicado a accionar de forma violenta, a través, de ejecuciones extrajudiciales, quema de vehículos, violaciones, amenazas, intimidaciones y en las últimas semanas la quema de varias casas y campañas de difamación por escrito, con el fin de desacreditar las organizaciones sociales.

Situaciones que han estado aprovechando para inculpar a las y los defensores, en una repetición de tácticas que en el pasado fueron utilizadas para acusar a los y las defensoras en aquel momento de guerrilleros, ahora señalándoles como terroristas.

Hace meses se pidió a la CICIG la intervención para investigar la posible existencia de grupos paralelos involucrados en hechos violentos y que podrían ser parte de quienes están haciendo circular estas difamaciones y agresiones escritas. Este tipo de prácticas reprobables es parte de la estrategia para acabar con la oposición de las comunidades.

Guatemala, 11 de marzo del 2010.

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