Striving for better days :Tres Medidas Importantes para Ayudar a la Población Desplazada Colombiana

Resumen ejecutivo

El desplazamiento forzado producto de la violencia y el conflicto es una experiencia que millones de colombianos han afrontado por más de cuatro décadas. aunque la sociedad colombiana en su totalidad se ha visto perjudicada por esta traumática realidad, son aquell viviendo en las zonas rurales quienes se han sido mayormente afectados por el desplaza- miento, el cual ha tenido un impacto devastador en las vidas de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. pueblos y ciudades son a menudo el destino final de desplaz dos en búsqueda de seguridad a través del anonimato, quienes afrontan la nefasta posibili- dad de hallarse desempleados y dependientes de la asistencia externa. el futuro es, mucha veces, la destitución.

El gobierno de colombia ha respondido incrementalmente mejor a las necesidades humanitarias y de protección de los colombianos desplazados. ha desarrollado un marco legal global y recientemente, ha demostrado un mayor compromiso financiero para proporcionarles asistencia. no obstante, persisten numerosas deficiencias, señaladas por varios pronunciamien- tos recientes de la corte constitucional. La implementación del registro único, el cual determina el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener derecho a los servicios otorgados por el estado, permanece defectuosa. como resultado de ello, hasta un 40 por ciento de personas genuinamente desplazadas no han sido registradas. es más, el acceso a servicios básicos, tales como educación, salud, vivienda, y oportunidades fiables de empleo, todavía permanece problemático hasta para aquellos que ya han sido registrados. esto es particular- mente cierto en zonas donde las autoridades locales han demostrado un menor compromiso de asistir a la población desplazada y donde demuestran actitudes de desprecio y rechazo.

Grupos de la sociedad civil colombiana, como organizaciones no gubernamentales y activista de iglesias, también están altamente involucrados en la prestación de asistencia humanitaria y psicológica, particularmente durante las primeras fases de desplazamiento. el trabajo de grupos internacionales, entre los cuales están las naciones Unidas y agencias y organizacion no gubernamentales internacionales, también ha sido esencial. Dichas instituciones, en virtu de su presencia, han incrementado la protección para los hogares desplazados.

El papel complementario de la sociedad civil y los grupos internacionales es indudablemente importante. no obstante, es el gobierno colombiano quien tiene la responsabilidad principal de responder a las necesidades de los desplazados colombianos. refugiados Internacional considera que nuevas acciones deben ser adoptadas para poder mejorar las políticas actuales y poder, a la larga, mejor servir a la comunidad desplazada.

Primero, los desplazados, beneficiarios de los proyectos, deben ser el enfoque principal de lo procesos de programación. sus líderes deben ser protegidos y deben ser incluidos de manera significativa en la definición e implementación de las políticas públicas.

No obstante, iniciativas encaminadas a empoderar a la población desplazada no es suficiente se deben reforzar, al mismo tiempo, los mecanismos existentes de rendición de cuentas y de sanciones por incumplimiento del deber de proteger a los desplazados internos. a pesar de l capacitaciones y las campañas de sensibilización otorgadas a funcionarios públicos sobre el deber constitucional de proveer cuidado a la población desplazada, personas desplazadas enfermas han sido rechazadas de instituciones médicas, hogares desplazados no están recibiendo la cantidad de asistencia prometida, y comunidades de retornados no están recibiendo servicios y acompañamiento de las autoridades locales. por lo tanto, se deben fortalecer los órganos del ministerio público para poder aplicar de manera más agresiva los mecanismos de rendición de cuentas, lo cual, a su vez, podría resultar en la sanción, y hasta destitución, de aquellos funcionarios que deberían estar prestando los servicios.

La acumulación de millones de desplazados en asentamientos urbanos, donde viven en condiciones infrahumanas y donde tienen menores capacidades que los residentes locales de bajos recursos para reiniciar sus vidas, requiere de políticas orientadas a proporcionar a hogares desplazados una vida digna y acceso a medios de sustento sostenibles. algunos de los programas de asistencia social y de las dádivas administradas por el gobierno no son financieramente sostenibles y corren el riesgo de sofocar la auto-iniciativa de los desplazados.

El gobierno de colombia debería redefinir los programas para canalizar los recursos de asistencia hacia proyectos de mejoramiento y construcción de vivienda, invertir en programas de generación de ingresos y de capacitación vocacional para proporcionar técnicas y aptitudes compatibles con el mercado laboral urbano, y facilitar el acceso a programas de microcrédito. estos proyectos deberían ser enfocados según la edad, el género, y el origen étnico de los participantes, otorgando prioridad a hogares encabezados por mujeres.

Las políticas no tendrán un impacto duradero y sostenible a menos que el gobierno colombiano afronte con seriedad la pérdida de tierras y propiedades de aquellos que han sido desplazados forzosamente. Demasiadas ambigüedades persisten sobre la efectividad de los mecanismos existentes para determinar quienes se aprovecharon de las tierras abandonadas o presuntamente expulsaron forzosamente a los propietarios originales de sus tierras, incluyendo entre éstos el trabajo de la comisión nacional de reparación y reconciliación. Las autoridades necesitan identificar los mecanismos adecuados para proporcionar reparaciones efectivas y satisfactorias a las víctimas.

Finalmente, considerando la magnitud del desafío de tener que asistir a tantos desplazados, es evidente que el gobierno colombiano requiere de un compromiso continuo de la comunidad internacional. Los donantes deberían incrementar sus esfuerzos financieros para que el liderazgo y las comunidades de desplazados internos puedan jugar un papel crucial en el análisis de sus necesidades, la identificación de soluciones adecuadas y en la implementación de los programas de asistencia. Los donantes también deberían evaluar los programas actuales de vivienda, capacitación vocacional, generación de ingresos y demás esfuerzos para aportar medios de sustento a hogares desplazados. asimismo, deberían expandir y replicar aquellos programas considerados exitosos en otras regiones. es necesaria la asignación de recursos para asistir al gobierno en ampliar la capacidad de las oficinas de supervisión del ministerio público. RecomendacIones el gobierno de colombia, con la asistencia indispensable de la comunidad internacional, tiene la responsabilidad de responder a las necesidades de los colombianos desplazados por el conflicto interno. hasta la fecha, los repetidos fallos de la corte constitucional colombiana han confirmado que la respuesta al desplazamiento interno continua siendo inadecuada, a pesar de la existencia de un marco legal regulatorio, instituciones y recursos humanos. avances significativos en mejorar las condiciones de la población desplazada colombiana pueden ser logrados si las políticas actuales dan prioridad a otorgar un mayor apoyo a iniciativas propuestas y lideradas por las organizaciones y los líderes de las comunidades de desplazados internos. Las autoridades nacionales y locales tienen que facilitar acceso a los servicios legalmente garantizados. asimismo, tienen que implementar los mecanismos de sanciones adecuados por agencias del ministerio público y evaluar y redefinir las políticas actuales para las comunidades desplazadas a largo plazo, de tal manera que asegure la creación de medios de sustento durade- ros y sostenibles.

En base a estas observaciones, refugiados Internacional recomienda:

1) Fortalecer el liderazgo comunitario y las estructuras de representación

Al gobierno de Colombia

• garantizar la seguridad física de los líderes de los desplazados internos trabajando en defensa de los derechos de sus comunidades; disposición reiterada en el fallo de la corte constitucional de agosto de 2007;
• trabajar más estrechamente con los representantes de las mesas de desplazados internos para mejor comprender las necesidades de los desplazados y para implementar acuerdos que conduzcan a su bienestar;
• asegurar que el liderazgo de las comunidades de desplazados internos sea consultado sobr la definición e implementación de las políticas y programas de salud, educación, vivienda, capacitación vocacional, y de generación de empleo e ingresos;
• fortalecer el capital humano de grupos de desplazados internos rurales mediante el ofrecimiento de capacitaciones especializadas y el fortalecimiento de capacidades en áreas sociales clave entre las cuales, salud básica y cuidado psicológico, agua y sanidad, y educación primaria;
• Incrementar los recursos para el personal y el funcionamiento de la Defensoría del pueblo para garantizar la naturaleza neutral e independiente de su trabajo, y para asegurar la presencia permanente de sus funcionarios en comunidades en riesgo de desplazamiento, o en retorno.

A la comunidad donante, particularmente el gobierno de los Estados Unidos

• Incrementar la asistencia para el fortalecimiento de las organizaciones que representan a lo desplazados internos y brindar a las mismas apoyo en la identificación de sus necesidades;
• financiar a grupos locales capaces de proporcionar a organizaciones de desplazados internos protección y capacitación en derechos humanos, lo cual permitirá, a la larga, acceso a mecanismos legales existentes para acciones de reparación por abuso o violación de sus derechos;
• asegurar que las agencias contraparte coordinen su intervención estrechamente con los representantes de las comunidades desplazadas, y que las oportunidades de capacitación para la elaboración de propuestas de proyectos sean proporcionadas a posibles aspirantes;
• apoyar la creación de redes de seguridad para hogares desplazados particularmente vulnerables, entre los cuales hogares encabezados por mujeres, huérfanos, y personas de la tercera edad, incluyendo servicios de asistencia psicológica de largo plazo.

2) Garantizar a los desplazados internos acceso a asistencia de emergencia, servicios básicos pos-emergencia y a servicios legalmente asegurados

Al gobierno de Colombia

• avanzar hacia un sistema de registro único integrado que pueda ser accedido por proveedores de servicios tan pronto acudan personas desplazadas en búsqueda de ayuda;
• Dar monitoreo a los subcontratistas y al personal encargado de proporcionar la asistencia de emergencia, dando especial énfasis al ofrecimiento de asistencia para grupos vulnerables como por ejemplo, mujeres cabeza de hogar, huérfanos, personas de la tercera edad e individuos en necesidad de atención médica y psicológica especial;
• Llevar a cabo una evaluación del grado de vulnerabilidad de hogares desplazados en el contexto de asistencia pos-emergencia, e identificar mecanismos para vincular tal asistencia de emergencia a la asistencia de mediano y largo plazo;
• Definir la respuesta humanitaria actual de tal manera que reconozca las particularidades culturales y tradicionales de las comunidades indígenas y afrocolombianas, y utilizar estrate- gias diferenciadas para asistir a mujeres, menores de edad, y personas de la tercera edad desplazadas;
• Implementar la recomendación de la corte constitucional concerniente a completar la definición de los indicadores de los niveles adecuados de asistencia, e incrementar los recursos proporcionados a proveedores, tanto a nivel central como local, hasta lograr el cumplimiento de los estándares mínimos acordados;
• • establecer un fondo que permita acceso a asistencia legal competente y oportuna a aquellas personas desplazadas que deseen presentar una denuncia en la oficina de la procuraduría general de la nación;
• alocar mayores recursos para el personal y el funcionamiento de la oficina de la procuraduría general de la nación tanto a nivel regional como departamental, para poder llevar a cabo investigaciones producto de denuncias presentadas por personas desplazadas. asimismo, asegurar la implementación de resoluciones acordadas por los comités territoriales.

A la comunidad donante, particularmente al gobierno de los Estados Unidos

• apoyar el fortalecimiento de la oficina de la procuraduría general de la nación y de la Defensoría del pueblo en sus respectivas actividades de asistencia a comunidades en riesgo de desplazamiento y a hogares desplazados.

3) Generar condiciones para proporcionar a hogares de desplazados internos una vida digna y medios de sustento sostenibles

Al gobierno de Colombia

• afrontar con urgencia el estatus de miles de hogares desplazados que no han sido registrados para poder incluirlos en los programas que brindan oportunidades para la integración social y económica en áreas urbanas;
• reconocer que las dádivas y los programas de asistencia local existentes no son financiera- mente sostenibles al largo plazo y que aumentan la dependencia de los beneficiarios;
• evaluar las políticas actuales de reestablecimiento socio-económico dada la mayor vulnerabilidad que enfrenta la población desplazada en comparación con los residentes locales de bajos recursos;
• redefinir dichas políticas de tal manera que se busque una mayor inclusión de los beneficiarios en la definición de prioridades y mecanismos de implementación. asimismo, crear oportunidades para medios de sustento sostenibles que empleen estrategias diferenciadas respetuosas de la edad, el género, y el origen étnico de los beneficiarios;
• asignar una mayor cantidad de recursos para proyectos de mejoramiento y construcción de vivienda, programas de generación de ingresos, cursos de capacitación vocacional, y para programas para la creación de empleo. asimismo, facilitar el acceso a programas de microcrédito y dar prioridad a los hogares encabezados por mujeres;
• trabajar con las comunidades afectadas y las contrapartes de la sociedad civil para asegurar que los desplazados están retornando de manera voluntaria y en condiciones que garantizan la seguridad y dignidad de los retornados;
• reestablecer la seguridad física y socio-económica de las comunidades, respetando la naturaleza civil del proceso de retorno, y monitorear el trabajo de la comisión verificadora para el retorno para poder garantizar el cumplimiento de acuerdos alcanzados;
• mejorar la coordinación entre las instituciones centrales y locales del estado y buscar una mejor coordinación con las agencias nacionales e internacionales para tomar aventaja de los esfuerzos para responder adecuadamente a las necesidades de los desplazados.
• Llevar a cabo una investigación sobre las tierras y propiedades perdidas por los desplazados internos, la cual podría posiblemente iniciar con los casos más atroces y los concernientes a tierras y propiedades colectivas de las comunidades indígenas y afrocolombianas;
• responder a las denuncias de los propietarios originales cuyas tierras han sido ocupadas o usurpadas por grupos ilegales armados y asegurar el retorno de las tierras, junto con el pago de reparación por cualquier daño ocasionado. A la comunidad donante, particularmente al gobierno de los Estados Unidos
• Llevar a cabo evaluaciones independientes del desempeño de las organizaciones que han recibido financiamiento por parte del gobierno donante y de las agencias subcontratistas para verificar que las prioridades establecidas para guiar la implementación de los programas responden a las necesidades prioritarias definidas por las comunidades beneficiarias;
• Incrementar los niveles de financiamiento para proyectos encaminados a asistir el reestablecimiento socio-económico de hogares desplazados, dándole prioridad a los grupos más vulnerables;
• Incrementar el apoyo a aquellas organizaciones no-gubernamentales, incluyendo a las iglesias, que están brindando acompañamiento a las comunidades de retornados y que están trabajando con grupos en riesgo de desplazamiento.