Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

Bogotá, 5 de marzo de 2010

Aportes recogidos por Programa Somos Defensores con Asociación MINGA, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y memorias de reuniones sobre Esquemas de protección en la que han participado la CUT, ONG y delegados de la UP-PCC.

IMPUNIDAD:

Queremos llamar la atención sobre unos patrones de impunidad que siguen presentándose:

a. Morosidad en las Investigaciones, no solo entendida en términos de tiempo, pues en muchos de los casos las investigaciones tardan años sin ser resueltas, llevándolas a la suspensión o archivo a la espera de una prueba que permita seguir con ellas; sino morosidad también entendida en el número de investigaciones que se adelantan con respecto al número de agresiones que se registran en contra de un defensor, defensora u organización de derechos humanos. 
El anterior fiscal general de la Nación había acumulado por lo menos 10 investigaciones por casos de robo de información a ONG, en un solo proceso, tal y como lo hemos solicitado reiteradamente los defensores de derechos humanos. El fiscal encargado decidió revocar esta decisión en octubre de 2009.
Esta decisión no contribuye a esclarecer los hechos ni a juzgar a los responsables, lo cual demuestra que la justicia es inoperante y poco competente a la hora de juzgar los casos de agresiones contra defensores, pero que, paradójicamente actúa con rapidez para investigar a los defensores. 
b. Otro de los patrones de impunidad que preocupa a los defensores y defensoras, es la intensión de las autoridades de Minimizar la agresión.
Esto se nota en los casos de hurto de información, se tiende a tipificarlos como hurto simple, lo que conlleva a que no se realicen algunos tipos de pruebas para recolectar huellas o cualquier tipo de evidencia en lugar que lleve a esclarecer los hechos. Como hecho reciente está el caso de Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, que en diciembre de 2009 de su casa fue sustraído un computador portátil donde tenía información sobre una investigación del observatorio de Conflicto Armado de la Corporación, en horas de la madrugada los agresores violentaron una de las rejas de la ventana de la casa ubicada en un barrio de Bogotá, ingresaron a la sala de la casa y se llevaron el computador dejando esparcidas las tarjetas de identificación personal de Ariel. A pesar de que Ariel explicó a la Policía, sobre el contenido de la información que reposaba en el computador robado y el trabajo que adelanta en la Corporación, pasaron las horas y ninguna unidad de Policía Judicial llegó a tomar huellas en la residencia; las autoridades se negaron por considerar que el computador era un bien de una cuantía menor que no justificaba un procedimiento técnico especializado.
 

INTELIGENCIA ILEGAL:

a. Por las investigaciones que adelanta la Fiscalía, se sabe que en el DAS había órdenes para hacer seguimientos a defensores, periodistas, voceros de la oposición, embajadas, visitas de la Comisión Interamericana y otras visitas como las de europarlamentarios que llegaron Colombia en 2004 y 2005.
b. Había órdenes para realizar alianzas con servicios extranjeros de inteligencia para que otros países colaboraran con el DAS, hicieran seguimientos a las actividades desarrolladas por defensores de derechos humanos colombianos que visitaban varios países. Por lo menos se sabe de órdenes de trabajo para concertar alianzas con servicios de inteligencia de Costa Rica, Bolivia, Alemania y Brasil. 
c. El Das generó órdenes para perturbar visados a periodistas y defensores de derechos humanos, ante diferentes delegaciones diplomáticas.
d.  Por información suministrada a la Fiscalía, varios funcionarios del DAS han declarado que había órdenes para amenazar y enviar sufragios a sindicalistas y periodistas; alianza del DAS con grupos paramilitares; (declaró ante la Corte, Jorge Lagos, jefe de contrainteligencia del DAS) hay registros escritos en los que aparece la orden de difundir los informes de inteligencia al presidente de la República. Esto prueba que hubo una política institucional de persecución que tenía como propósito generar terror, pánico y paralizar, la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia.

Nuestras preocupaciones son las siguientes:
- Contribuyeron organismos de inteligencia de los países citados y de otros de América Latina, Europa y Estados Unidos, a realizar estas operaciones de persecución contra defensores de derechos humanos de Colombia?
-  Existe alguna certeza de que a los europarlamentarios que vinieron el pasado mes a Colombia no les sucedió lo mismo?
- La comunidad internacional debería requerir al gobierno colombiano una respuesta sobre esta situación y además, retirar cualquier cooperación con organismos de inteligencia que aún están comprometidos en procedimientos irregulares y abusivos contra ONG colombianas.
Esta persecución no ha cesado, como ejemplo reciente, cabe citar el caso de llamadas irregulares hechas desde la Oficina de Jefatura de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, a la asistente del abogado defensor Reinaldo Villalba, del CAJAR en octubre de 2009, en reiteradas ocasiones llamaban y colgaban cuando la asistente respondía el teléfono. Estos hechos sucedieron cuando el defensor estaba preparando un viaje a Estados Unidos donde intervino en una conferencia ante congresistas de ese país y donde también participó la señora Margaret Sekaggya, relatora para la situación de defensores.
Así mismo las actuaciones de las Unidades de Inteligencia Militar en los casos de Medellín y Arauca, demuestran que hay una política gubernamental orientada a paralizar y deslegitimar la acción de los defensores de derechos humanos, que continúa la utilización de informes de inteligencia como prueba contra defensores.
- Como si lo anterior fuese poco, en materia de justicia, nos preocupa que el proceso judicial contra Noguera no avance; que los delitos por los cuales va a hacer juzgado él y los otros exdirectores sean concierto para delinquir, abuso de autoridad, concusión y cohecho y no por persecución a un grupo humano, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.
- Nos inquieta que la comunidad internacional siga dando respaldo y cooperación a este gobierno que ha guardado silencio ante tanta verdad conocida a cuenta gotas.
- La comunidad internacional debería preguntar al gobierno nacional sobre el estado de la depuración de los archivos de inteligencia y sobre el uso de los informes de inteligencia como prueba para judicializar a los defensores en Medellín y Arauca.

SEÑALAMIENTOS:

Por la divulgación que han hecho medios de comunicación y el acceso al expediente que tienen los abogados de las víctimas, se conocen apartes de la investigación que adelanta la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia contra funcionarios del DAS; a pesar de este escándalo, el Presidente de la República no ha dado ninguna explicación al país sobre esta situación, no ha asumido la responsabilidad política que tiene sobre la actuación del DAS y sobre la de otros organismos de inteligencia.
- ¿Por qué guarda silencio el Presidente cuando se sabe que había órdenes para que funcionarios del DAS amenazaran, generaran zozobra, tortura psicológica y miedo a las familias y grupos sociales de sindicalistas, periodistas y defensores?, simplemente porque al presidente le molestan los derechos humanos, por eso para él es muy difícil hacer una declaración pública que reconozca la labor legítima que adelantan los defensores de derechos humanos. Estas preguntas las podrían formular miembros de la comunidad internacional al gobierno colombiano.
En los expedientes de la fiscalía constan ordenes en la que considera el trabajo de las ONG de DDHH como amenaza de seguridad nacional y desestabilizadora de los intereses del país.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN:

Sobre la propuesta de entregar los esquemas de protección a empresas de seguridad privada:
- Para nosotros la protección es un tema de garantías políticas y durante muchos años el Estado colombiano ha estado reticente a generarlas. Por eso la acción del Programa Gubernamental se ha quedado centrada en mecanismos de protección física dejando de lado la protección política, si ésta se diera se reducirían los riesgos y las agresiones a los defensores y defensoras.
- El Ministerio del Interior es el ente encargado de proteger y garantizar la actividad de la oposición, de los defensores de derechos humanos, de los sindicalistas, de víctimas de la UP-PCC, por eso se creó el Programa Gubernamental, producto además de una concertación con la sociedad civil. Las garantías de protección están ligadas a la verdadera voluntad política del Estado y con la propuesta de entregar a empresas privadas la seguridad de personas en riesgo extremo, está demostrando que no tiene esa voluntad política para generar unos cambios que permitan asumir desde el Ministerio, la protección de forma integral.
- La situación del DAS demuestra lo que los defensores y defensoras hemos dicho durante muchos años: hay responsabilidad del Estado cuando funcionarios, cumpliendo órdenes de varios gobiernos, han hecho alianzas con grupos paramilitares para atacar a los defensores y sindicalistas; muchos miembros de las fuerzas armadas y de Policía desde que pertenecen a estas instituciones han tenido una actitud y comportamiento contrario a los derechos humanos, luego de ser destituidos o investigados por su participación, aquiescencia o actuación en casos de violaciones de derechos humanos, son accionistas y empleados de empresas de seguridad privada.
- Nos gustaría que la comunidad internacional formulara estas preguntas: ¿qué seguridad tendrán los defensores y defensoras de que estos militares y policías retirados hayan cambiado su forma de pensar sobre los derechos humanos y las personas que los defienden?
-  ¿Tienen ellos y otros funcionarios de empresas privadas la capacidad y disposición para proteger a las personas que tanto han perseguido desde las instituciones militares y de policía? Hasta dónde llegará la responsabilidad del Estado en caso de una agresión contra personas protegidas por empresas privadas?

Sobre la protección en general brindada por el Programa
- Nos preocupa el manejo y la protección de la información que se obtiene en los estudios técnicos de riesgo que elaboran miembros de la Policía, el DAS y nuevos funcionarios vinculados al Ministerio del Interior para este fin.
-  La comunidad internacional debería preguntar el gobierno sobre la construcción del Protocolo de atención en emergencias para proteger a mujeres, defensores, grupos étnicos.
-  De igual manera, indagar sobre ¿por qué es imposible crear una unidad especial de protección adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia que se encargue de tener un equipo humano capacitado en derechos humanos, en protección efectiva y técnica y en la realización de estudios de riesgos, para que este Programa se fortalezca en lugar de debilitarlo aún más entregándole responsabilidades a entidades privadas?