Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

17 de julio de 2009

CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS –CIPRODEH Tegucigalpa, M.DC. .

La comunidad internacional ha repudiado el Golpe de Estado del 28 de Junio de 2009 y y no reconoce al nuevo gobierno. A partir de allí se han decretado sendas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Sistema de Integración Centroamericana SICA, la Organización de Estados Americanos OEA, entre otros, que demandan a las autoridades del nuevo gobierno de facto la restauración del orden Constitucional. La Asamblea de la OEA decretó el 4 de julio de 2009 la expulsión de Honduras de ése organismo al vencerse un plazo dado a las autoridades ilegalmente constituidas para que abandonen el Poder, las cuales anunciaron la denuncia de la carta de la OEA y el retiro del país de ese organismo interamericano con las consecuencias que eso significa respecto de desconocer las instancias y mecanismos de protección internacional de los derechos humanos.

Internamente y a partir del Golpe de Estado el país vive lo que hemos denominado una emergencia nacional en materia de derechos humanos, pues a raíz de esa fecha se reinstauraron viejas prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional destinada a sostener el régimen de facto mediante la represión e intimidación militar-policial, con graves consecuencias en las libertades civiles incluyendo atentados contra la vida humana. La militarización del país y el control del Ejercito sobre toda la institucionalidad pública con la aquiescencia de las nuevas autoridades civiles de facto, ha colocado a Honduras en una situación de vulnerabilidad de los derechos humanos que afecta en especial a los más pobres y excluidos como los grupos campesinos, niños y niñas, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, ambientalistas, personas con VIH, migrantes, etc; así como a colectivos de personas que han expresado cualquier forma de oposición al régimen de facto entre los que figuran maestros de educación, líderes políticos, diputados/as al Congreso Nacional, y otros que por su trabajo deben transmitir información sobre la resistencia organizada es el caso de la grave persecución a medios de comunicación y periodistas, entre otros casos.