Tácticas y herramientas para la protección
de defensores de derechos humanos

Resumen Ejecutivo

En el departamento nor-occidental del Chocó, cerca de la frontera colombiana con Panamá, las personas en situación de desplazamiento forzoso han establecido “Zonas Humanitarias”, en un intento de aferrarse a su tierra y su forma de vida. Estas zonas están ocupadas por grupos que se han unido para permanecer en sus alrededores, de donde fueron expulsados a raiz una importante campaña militar emprendida por el ejército colombiano y las fuerzas paramilitares contra los grupos guerrilleros de izquierda, durante el año 1996. Aunque la situación de seguridad mejoró entre 1999 y 2000, muchos de los desplazados por el conflicto no han podido regresar a su tierra.

Poco despues de que los habitantes fueron desplazados, companias privadas cultivadores de palma africana para la produccion de biocombustibles, empezaron a establecer plantaciones en esa tierra en Jiguamiandó y Curvaradó, las dos comunidades del departamento del Chocó sobre las que se centra este informe. El gobierno colombiano ha brindado apoyo político y financiero al desarrollo de plantaciones de palma africana como parte de su esfuerzo por erradicar cultivos ilícitos, promover el desarrollo regional y, según se informa, para ofrecer un incentivo económicos a los paramilitares, a fin de que éstos entreguen sus armas, de acuerdo con el programa gubernamental de ley “Justicia y Paz”. Sin embargo, en un contexto de continuas violaciones de derechos humanos contra los desplazados y un conjunto complejo de reclamaciones concurrentes sobre la propiedad de la tierra, las compañías de palma africana, con el aparente apoyo de las fuerzas paramilitares locales, han ejercido presión sobre los desplazados para que vendan o de lo contrario entreguen sus tierras. Estas personas desplazadas internas (IDPs por su sigla en inglés) han establecido las Zonas Humanitarias para demostrar su determinación de recuperar su tierra y para protegerse mejor de los ataques de paramilitares y guerrillas. De esta manera, los desplazados intentan evitar el acceso de grupos armados a las Zonas Humanitarias – ya se trate de la guerrilla, los paramilitares o del ejército regular. Cada vez hay más evidencia de un patrón de intereses económicos que alimentan el desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos humanos en la región, que han generado investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación contra una de las compañías de palma africana por haber encargado a grupos paramilitares de la región la violación de derechos humanos y el desplazamiento forzado, y que llevó a la Defensoría del Pueblo a concluir que las compañías han “aprovechado los desplazamientos forzados”. Los IDPs en Chocó han denunciado más de 100 delitos cometidos por grupos paramilitares que actúan en colusión o con el apoyo material del ejército desde el inicio de la campaña contrainsurgente en 1996, incluyendo asesinatos, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas y torturas. En Septiembre 2007, dos líderes desplazados fueron gravemente heridos por balas en un ataque de tipo paramilitar.

En febrero de 2007, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones formales contra personal militar acusado de haber matado a ocho miembros de una comunidad de IDPs en el área. Aún no se han investigado la mayoría de los ataques denunciados contra la población civil. Como respuesta a los continuos informes de violaciones de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reiteró, en febrero de 2006, sentencias anteriores que ordenaban al gobierno de Colombia para que tomara medidas especiales para proteger a las personas que viven en las Zonas Humanitarias de Jiguamiandó y Curvaradó. Sin embargo, aún hay grupos paramilitares desmovilizados oficialmente actuando en conjunto con las compañías de palma africana para evitar que los IDPs recuperen sus tierras. La lucha de los IDPs por reclamar sus tierras demuestra algunos de los retos de reconciliar la lucha del gobierno por la paz y prosperidad económica con los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a la justicia y la compensación. Este informe trata de desenmarañar algunas de las complejidades y retos que surgen de la situación y de formular las recomendaciones pertinentes, centrándonos en estas Zonas Humanitarias que ilustran algunas de las opciones y amenazas con las que se enfrentan los 3 millones o mas de desplazados colombianos. Los casos de desplazamiento forzado que se discuten, sugieren que los proyectos de desarrollo no pueden brindar una salida al conflicto a menos que se alcance una paz genuina entre las partes en guerra y los desplazados o aquellos afectados que han sido involucrados en procesos para restaurar sus derechos. Ante la continua ausencia de aplicación consistente del Estado de Derecho y la continua presencia de proyectos de desarrollo perjudiciales para la restauración de los derechos de las víctimas, no puede haber una paz sostenible. Los proyectos examinados en este informe muestran que los esfuerzos de desarrollo puedende hecho perpetuar o incluso agravar las injusticiascon las que se enfrentan las víctimas del conflicto.