Amnistía Internacional deplora la pena de prisión impuesta al periodista Slim Boukhdir

• Índice AI: MDE 30/012/2007 (Público)
• Servicio de Noticias: 233/07
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Amnistía Internacional siente honda preocupación por la pena de un año de prisión que un tribunal de Sakiet Ezzit (Sfax) ha impuesto hoy, 4 de diciembre, al periodista independiente Slim Boukhdir por los cargos de «insulto a una autoridad durante el cumplimiento de su deber», «violación de la moral pública» y «negativa a mostrar su documento de identidad».

Slim Boukhdir fue detenido el 26 de noviembre de 2007 cuando viajaba desde Sfax a la ciudad de Túnez tras haber recibido una citación para que recogiera su pasaporte en Khaznadar, el barrio de Túnez en el que reside. Al día siguiente compareció ante un juez en Sakiet Ezzit y fue procesado en virtud de los artículos 125 y 226bis del Código Penal tunecino.

A su juicio, celebrado hoy, ha acudido como observadora una delegación de Amnistía Internacional que actualmente visita Túnez, y también lo han hecho miembros de organizaciones tunecinas de derechos humanos y un representante diplomático de la embajada de Estados Unidos en Túnez. Durante la vista, los abogados defensores han destacado una serie de irregularidades en los informes policiales y sobre el interrogatorio, y han pedido al tribunal que citara para contrainterrogatorio a otros testigos. Sin embargo, el juez ha denegado la petición —lo cual viola los derechos de la defensa— y ha condenado a Slim Boukhdir a un año de cárcel por los primeros dos cargos y a una multa adicional de 5 dinares (unos 4 dólares estadounidenses) por negarse a mostrar su documento de identidad. Slim Boukhdir ha sido enviado inmediatamente de vuelta a la prisión de Sfax, mientras que su abogado ha indicado que presentará un recurso contra la declaración de culpabilidad y la condena.

Amnistía Internacional teme que esta condena sea un intento de silenciar a Slim Boukhdir por sus críticas a las autoridades. En mayo de 2007, el periodista denunció que había recibido amenazas de muerte tras conceder al canal de televisión con sede en Londres Al-Hiwar (Diálogo) una entrevista en la que criticaba a familiares del presidente Ben Ali. La semana antes de recibir estas amenazas, fue agredido por agentes de policía. Actualmente Slim Boukhdir trabaja como periodista independiente, pero antes trabajaba para el diario Al-Chourouk, del que fue despedido por usar Internet para publicar las entrevistas que había realizado a una serie de críticos y detractores del gobierno que habían organizado una huelga de hambre durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en noviembre de 2005. Antes de su detención en noviembre de 2007, Slim Boukhdir estuvo él mismo en huelga de hambre durante 15 días para protestar por la demora oficial en expedirle un pasaporte.

El procesamiento de Slim Boukhdir es el más reciente de una serie de procedimientos penales entablados contra periodistas independientes y personas que critican de forma pacífica a las autoridades tunecinas. Estos procesos parecen tener como finalidad disuadir a periodistas y directores de periódicos y revistas de que hagan comentarios críticos sobre la política del gobierno tunecino o los actos y decisiones de ministros y altos cargos. Estos procesamientos forman parte de una práctica más amplia de represión de la disidencia que incluye también la censura directa de las publicaciones tanto tunecinas como extranjeras —incluidos los sitios web— que critican al gobierno, y el acoso y la intimidación —mediante una estrecha vigilancia y otros métodos— contra quienes critican al gobierno y defienden los derechos humanos.

Amnistía Internacional considerará a Slim Boukhdir preso de conciencia y pedirá su liberación inmediata e incondicional en caso de que sea encarcelado a causa de este procesamiento. La organización considera que el periodista no debería haber sido procesado por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión, y se opone al uso de leyes penales de difamación para acallar la libertad de expresión y entorpecer el libre flujo de información e ideas, garantizados por normas internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.